DEMOCRACIA CRISTIANA “HEMOS VENIDO A SOLICITAR AL GOBIERNO UN COMPROMISO AÚN MAYOR DEL ESTADO DE CHILE EN ESTOS CASOS.”

Abordaron con el Ministro del Interior los casos de la Concejala DC de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida hace un año y el de María Ercira, perdida hace dos años en la quinta región.

La Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano, encabezada por su presidente, el diputado Álvaro Ortiz Vera, y su secretaria nacional, Alejandra Krauss Valle, sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado Andrade, junto a Javiera y Camila, hijas de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida hace más de un año, familiares de María Ercira y el abogado que representa al partido en esta causa, Guillermo Pickering.

Al término de la reunión, el presidente de la Democracia Cristiana, diputado Álvaro Ortiz, valoró la disposición del ministro del Interior para recibir a las familias y escuchar sus inquietudes, señalando que “hemos venido a solicitar al ministro, dentro de sus competencias, un compromiso aún mayor del Estado de Chile en estos casos”.

Ortiz sostuvo que la desaparición de personas constituye una realidad que no puede ser normalizada en una democracia “Creemos que no puede ser que en nuestro país desaparezcan personas sin saber qué es lo que ha ocurrido. No puede ser que, en plena democracia, personas que dedican su vida al servicio público desaparezcan y nada se sepa de ellas”, afirmó.

El timonel democratacristiano explicó que la reunión no solo abordó el caso de la concejala María Ignacia González, sino también el de María Ercira Contreras, destacando que ambas situaciones representan una profunda preocupación para la colectividad.

“Para nosotros, como Democracia Cristiana, son casos emblemáticos. Hemos acompañado a las familias desde hace tiempo, entregándoles apoyo y asesoría jurídica, porque este es un compromiso permanente de nuestro partido”, señaló.

Finalmente, el Partido Demócrata Cristiano reiteró que continuará acompañando a las familias de María Ignacia González y María Ercira Contreras, impulsando todas las acciones institucionales y jurídicas que contribuyan al esclarecimiento de ambos casos, reafirmando su convicción de que el Estado debe desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar verdad, justicia y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.